El gobierno aprueba el proyecto de la ley de Fomento de la Financiación empresarial, que incluye alta normativa sobre el crowdfunding. Entre las novedades de la ley se encuentra la distinción entre inversores cualificados y no cualificados.
crowdfunding para la financiación alternativa de pymes
España no es un país en la que la tradición del crowdfunding está muy extendida, sin embargo desde que el gobierno anuncio que iba a legislar la actividad de crowdfunding numerosas plataformas internacionales han mostrado interés por el país.
El objetivo de muchas de estas plataformas es conseguir presentarse como una forma de conseguir financiación para las pymes, estas quedan fuera del radar de los créditos de la familia y amigos pero que por su pequeño tamaño tampoco son atractivas para el capital riesgo.
“En España todavía el 78% de la financiación proviene de los bancos, por eso, cuando las entidades financieras no prestan la búsqueda de alternativas es mucho más complicada” Afirma Diego Gutierrez de Abra Invest.
Los inversores cualificados tendrán vía libre en cuanto a la cuantía de inversión
Tras las quejas de las plataformas dedicadas al crowdfunding, que veían en la limitación de la inversión una dificultad para poder desarrollar su actividad, el Gobierno ha rectificado y ha retirado los límites para los “inversores acreditados”.
Se considerarán "inversor acreditado", los inversores institucionales y las empresas que superen determinados niveles de activo (un millón de euros), cifra de negocio (dos millones) o recursos propios (300.000 euros) y todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros y soliciten expresamente este tratamiento
Para los inversores no profesionales, como ya decía el anteproyecto, se establece un límite de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros por plataforma durante un plazo de 12 meses.
El límite de dinero que las empresas podrán recaudar mediante plataformas de crowdfunding, sigue lo previsto en el anteproyecto y se reduce a €1M ante el miedo del gobierno de que ampliar ese límite pueda desembocar en fraudes masivos a pequeños inversores, con lo que, de momento, se muestran inflexibles.
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